Ante la situación de indefensión de las personas dependientes en Madrid, se ha creado una Red de Plataformas Sectoriales en Defensa de las Personas Dependientes, una red que contará con un servicio jurídico gratuito para asesorar a todos aquellos dependientes que todavía, después de más de tres años de haberse aprobado la ley, no han sido valorados por la Comunidad de Autónoma de Madrid (CAM); una red que ayudará a tramitar los contenciosos de aquellas personas que no cuenten aún, pese a su valoración, de un Programa Individual de Atención (PIA), y, además, resolverá todas aquellas dudas que los ciudadanos o sus familiares tengan respecto a la situación de los dependientes. El teléfono de atención es 900 101 471, y atenderá en horario: 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00.
Tengo claro que Esperanza Aguirre es, junto al equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, la única responsable de que los derechos de miles y miles de madrileños dependientes estén en lista de espera. Es vergonzoso que Madrid sea la Comunidad más atrasada en la aplicación de una ley que ayudaría a miles de personas dependientes. Situación que no tiene más explicación que la actuación política interesada por la Presidenta de la CAM, con la complicidad del Ayuntamiento de Madrid, de ralentizar la aplicación de la ley para hacer oposición al Gobierno de España, vulnerando así los derechos de la ciudadanía madrileña.
Además de lo anteriormente expuesto, la CAM es la Comunidad que menos dependientes ha valorado, la última en desarrollar la ley, la última en aplicarla y la última en informar al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y en lugar de poner más personas y más medios para garantizar los derechos de las personas dependientes propone, como solución, la privatización de las valoraciones a través de empresas privadas como las compañías de seguros, algo que la ley de Dependencia impide. Y ahora, como no, se descuelga el Gobierno autónomo con el cheque social, quedando así relegada la posibilidad de potenciar los servicios públicos para el cuidado a dependientes y dar un nuevo paso más hacia la privatización total de los servicios que la Comunidad debe ofertar. Esto es, destruir lo público.
Imprimir