Hace nueve años murió la abuela de una amiga víctima de un cáncer. Lo que mi amiga recuerda de aquel triste momento es que murió sin dolor, en su casa y rodeada de los suyos. Su abuela siempre lo tuvo claro: no quería sufrir, ni morir en un hospital. Sus médicos lo sabían y respetaron su deseo. Llegado el momento, cuando el desenlace de su enfermedad era irreversible, le aplicaron la sedación paliativa en su cama y en su casa, y no sintió dolor alguno. Durante tres días, una doctora y una enfermera del Hospital 12 de Octubre de Madrid, acudieron a diario al domicilio para tratarla. Al final, murió sin dolor y rodeada de sus seres queridos.
Esto ocurrió años antes de que el Gobierno de Esperanza Aguirre construyera lo que ya se conoce como el caso Lamela en el hospital de Leganés. Un caso que no sólo trató de desprestigiar a profesionales de la sanidad pública, sino que también cubrió con un manto de desconfianza los servicios de cuidados paliativos no sólo de Madrid, sino también del resto de España.
Recuerdo este caso porque el Parlamento andaluz acaba de aprobar, a iniciativa del Gobierno socialista de
