In & Out

La ampliación de derechos es siempre bienvenida, y esta semana hemos asistido a dos buenas noticias para quienes defendemos la libertad y la igualdad. Así, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va a posibilitar que las parejas de mujeres casadas puedan acceder a las técnicas de reproducción asistida con las mismas garantías y derechos que los matrimonios heterosexuales. De esta forma se posibilitará la donación de óvulos dentro de la propia pareja. Enhorabuena. España de nuevo entre los países más avanzados del mundo.

También esta semana hemos conocido la iniciativa del Gobierno francés, ante la ONU, para despenalizar la homosexualidad en todo el mundo. Una valiente iniciativa que fracasó en sus anteriores propuestas presentadas por Brasil y Noruega, y que tiene como finalidad un compromiso mundial a favor de la despenalización de la homosexualidad entre personas adultas. No olvidemos que noventa países del mundo condenan estas relaciones sexuales, y seis de ellos con la pena de muerte. Por tanto, estamos hablando de una cuestión de derechos humanos.

Lamentable ha sido la reacción del Estado Vaticano (a la que seguro se sumará Arabia Saudí, Irán, Nigeria…), que ha mostrado, una vez más, su increíble interpretación del derecho a la vida, la dignidad y la justicia. Puedo respetar, aunque no compartir ni apoyar, que el Vaticano se oponga al reconocimiento de las parejas del mismo sexo, a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, al uso del preservativo, a las técnicas de reproducción asistida, al divorcio, a la Educación para la Ciudadanía, a la investigación con células madres para curar enfermedades o su más reciente oposición a la Convención de la ONU sobre discapacidad… pero me parece una falta de humanidad que se oponga a que las relaciones homosexuales entre personas adultas dejen de ser perseguidas con cárcel o con pena de muerte.

Me parece inadmisible, como también me lo parece el hecho de que lo haga un Estado que, a día de hoy, no ha aceptado los contenidos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tras 60 años de vigencia, que no ha firmado ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; pactos que se convirtieron en cuerpo legal obligatorio para los Estados firmantes de la Declaración de 1948.